Resumen: El acusado fue condenado por un delito de violación agravado por el uso de armas a la pena de 12 años de prisión. La Audiencia Provincial denegó la revisión de la condena. El condenado formula recurso de casación al considerar que las disposiciones de la LO 10/2022 constituyen una norma penal más favorable. La Sala estima el recurso de casación al considerar que, con arreglo a la LO 10/2022, los hechos serían constitutivos de un delito de violación del artículo 178, 179 y 180.1.2 (violencia de extrema gravedad) y 5 (uso de armas) castigado con pena de 11 a 15 años de prisión. La Sala revisa la condena e impone la pena mínima establecida en la LO 10/2022 (11 años de prisión). Finalmente, la sentencia reitera la necesidad de aplicar la ley penal en su conjunto e impone al condenado la medida de libertad vigilada y la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad.
Resumen: Revisión de penas. Con relación al marco regulativo de la transitoriedad, se descarta la aplicación de las específicas previsiones transitorias contenidas en las distintas leyes de reforma del Código Penal. Se impone al recurrente la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, con una duración de cinco años por encima de la pena privativa de libertad resultante del incidente de revisión. En los demás extremos, se confirma la resolución de instancia.
Resumen: Se recurre el auto, dictado por la Audiencia Provincial, por el que se acuerda la revisión de la pena impuesta al penado en Sentencia que le condenó, como autor criminalmente responsable de cuatro delitos de agresión sexual y un delito de robo con violencia e intimidación. Derecho transitorio: incidencia de la LO 10/2022, 6 de septiembre. El Tribunal razonadamente fijó la extensión de la pena por encima del mínimo legalmente imponible, y tal pena sigue resultando coherente de acuerdo con la norma contenida en la LO 10/2022 y en relación con los argumentos de la motivación llamada a justificarla. En relación con la agresión sexual, se añaden las penas de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro años y para el desempeño de cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo superior en cinco años a la pena privativa de libertad impuesta. Con relación a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por tiempo de cuatro años deberá ser el tribunal de instancia quien determine su concreto contenido y alcance.
Resumen: Incidencia de la LO 10/2022, 6 de septiembre. En el supuesto examinado el recurrente fue condenado, en ambos casos conforme a la LO 5/2010, de 22 de junio, como autor un delito de abuso sexual con acceso carnal a menor de trece años, agravada por prevalimiento de relación de superioridad del art. 183.1, 3 y 4 d) CP; y como autor de un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal a menor de trece años, agravado por prevalimiento de relación de superioridad del art. 183.1, 3 y 4 d y 74 CP. Por el primero, le fue impuesta una pena de 10 años de prisión; y, por el segundo, la pena de 11 años de prisión. En ambos casos, eran las penas mínimas legalmente previstas. En la regulación contenida en la LO 10/2022, de 6 de septiembre, los hechos entonces enjuiciados son constitutivos de dos delitos de agresión sexual del art. 181.1 , 2 y 3 en relación con el arts. 178.2 CP. La pena imponible iría desde los 10 hasta los 15 años de prisión y, en el caso del delito continuado, desde los 12 años y 6 meses hasta los 15 años. La aplicación de la LO 10/2022 es desfavorable para el acusado.
Resumen: Los acusados fueron condenados por un delito de violación agravado por la actuación conjunta de dos o más personas a las penas de 15 y 14 años de prisión. La Audiencia Provincial denegó la revisión de la pena. Los condenados formulan recurso de casación al considerar que las disposiciones de la LO 10/2022 resultan más favorables. La Sala considera que, con arreglo a la LO 10/2022, los hechos serían constitutivos de un delito continuado de violación del artículo 179 y 180.1.1 del Código Penal castigado con una pena de prisión de 11 a 15 años. Partiendo de esta consideración, la sentencia desestima los recursos de casación al considerar que no se puede efectuar una operación mimética de transposición de la individualización de la pena realizada en su día por la Audiencia Provincial.
Resumen: Se recurre el auto la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, que desestimó el recurso de apelación del Fiscal contra el Auto dictado por la Audiencia Provincial, por el que se acordó revisar la pena privativa de libertad, por razón de la entrada en vigor de la Ley 10/2022, de 6 de septiembre. Revisión de sentencias firmes como consecuencia de una legislación posterior más favorable. Las reglas contenidas en las disposiciones transitorias del CP 1995, que puedan servir de guía interpretativa o aplicarse analógicamente en su vertiente procesal para colmar lagunas, no operarán, salvo previsión expresa, si arrojan resultados contra reo que no se derivan del art. 2.2 CP. Individualización penológica. Es competencia del Tribunal de instancia y, con otros condicionantes, del de apelación. En casación, no cabe revisar esa cuantificación, más que cuando la motivación contradice los criterios legales o es arbitraria. Es su último reducto de discrecionalidad ha de respetarse la decisión de los Tribunales inferiores. Aplicación íntegra de la legislación más favorable. No puede prescindirse de algunas de sus previsiones gravosas para el penado. Cabe añadir, a las penas impuestas, la de inhabilitación especial para cualquier profesión.
Resumen: Revisión de condena en delito de agresión sexual.El marco temporal de pena imponible, a la luz de la norma aplicable al tiempo de la comisión, y en los términos precisados en la sentencia de casación, iba de trece años y seis meses a quince años de prisión, imponiéndose en el límite mínimo sin identificar ningún elemento añadido de individualización. Por su parte, con la ley intermedia de 2022, el arco de pena de prisión imponible iría de once años y un día a quince años de prisión. En aplicación del artículo 2.2 CP el reproche debe situarse en el nuevo límite mínimo previsto en la norma intermedia que, por ello, se convierte en norma más favorable. La voluntad del legislador fue la de reducir el reproche mínimo por debajo del mínimo fijado en la norma que derogó, lo que arrastra inevitables consecuencias de reajuste a la baja. La aplicación de la normativa más favorable debe ser en bloque, lo que conlleva la aplicación de la pena de inhabilitación del artículo 192.3 del Código Penal.
Resumen: El Ministerio Fiscal formula recurso de casación contra el Auto del Tribunal Superior de Justicia que acordó la revisión de la condena. La Sala ratifica que las disposiciones de la LO 10/2022 constituyen una ley penal más favorable. La sentencia precisa que, con arreglo a la LO 10/2022, los hechos serían constitutivos de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, con acceso carnal, del artículo 181.1 y 3 del Código Penal. La imposición de la pena mínima con arreglo a la normativa vigente al tiempo de cometerse los hechos conlleva la revisión de la pena y la imposición de la pena mínima establecida en la LO 10/2022. No resulta aplicable el artículo 181.2 del Código Penal en relación con el artículo 178.2 del Código Penal. El abuso de una situación de vulnerabilidad a la que se refiere el artículo 178.2 del Código Penal, en la redacción dada por la LO 10/2022, cuando se trata de víctimas menores de edad obliga a identificar mayores niveles de desvalor con relación a aquellos ínsitos a la propia minoría de edad de la víctima y que justifican por sí el mayor castigo de las conductas básicas de agresión. Finalmente, la Sala estima la pretensión subsidiaria formulada por el Ministerio Fiscal e impone la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad del artículo 192.3 del Código Penal.
Resumen: El estudio de retroactividad de la ley penal más favorable, debe ser llevado a cabo en bloque, por lo que debe imponerse, debido a su aplicabilidad, la pena de inhabilitación que se prevé legalmente.
Resumen: Procede la revisión de la pena, y la imposición de la pena privativa de derecho consistente en la inhabilitación especial para el desempeño de cualquier profesión, oficio o actividades retribuidas o no con personas menores de edad.
